El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha acusado al actual gobierno liderado por el presidente Luis Arce de intentar “eliminarlo” mediante un ataque armado presuntamente planificado junto a dos de sus ministros. Según Morales, el cambio reciente en el alto mando militar, ordenado por Arce, responde a esta intención de acabar con su vida y debilitar el Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficialista que ambos lideran. Morales señaló que en una reunión con los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Defensa, Edmundo Novillo, se discutió un ataque que, de acuerdo a sus palabras, busca también eliminar el poder del MAS en la política boliviana.
El líder del MAS denunció además haber sido víctima de un ataque directo cuando viajaba de Villa Tunari a Lauca Ñ para participar en su programa de radio semanal. En este atentado, un grupo de individuos en varias camionetas disparó repetidamente contra el vehículo en el que se encontraba, resultando herido el conductor del mismo. Según Morales, el vehículo recibió “14 disparos”, y el ataque fue grabado por una acompañante que iba en el vehículo, lo cual ha generado una intensa polémica dentro del ámbito político y social del país.
Frente a estos hechos, el presidente Arce condenó la violencia y anunció el inicio de una investigación exhaustiva para aclarar el incidente. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Arce afirmó que el uso de la violencia en la política es inaceptable y destacó la necesidad de abordar los problemas mediante vías pacíficas y sin especulaciones. A pesar de esta declaración, varios líderes sociales cercanos al Ejecutivo han sugerido que el ataque pudo haber sido un “autoatentado” planeado por el propio Morales para manipular la opinión pública y fortalecer su imagen de víctima.
Desde el Senado, Andrónico Rodríguez, aliado de Morales, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU medidas de protección para la vida del expresidente. Además, pidió que se conforme una comisión independiente que investigue el ataque. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades a llevar a cabo una investigación rápida y objetiva, asegurando la imparcialidad en el proceso para garantizar los derechos de Morales y su seguridad en el contexto actual.
Este ataque se produce en un momento de gran tensión política, con bloqueos en las rutas del país impulsados por seguidores de Morales, quienes exigen que se suspendan los procesos judiciales por trata de personas y estupro en su contra, alegando persecución política. Además, los manifestantes reclaman soluciones a la crisis económica, el aumento del costo de los alimentos y la escasez de divisas, mientras piden respeto a un congreso del MAS que declaró a Morales como el “candidato único” para las elecciones de 2025. Frente a la compleja situación, el gobierno de Arce ha solicitado a la comunidad internacional su apoyo en la defensa de la democracia y el orden público en Bolivia.