El recorte presupuestal propuesto para el sector cultural de México en 2025 ha generado gran preocupación entre artistas y organizaciones culturales. Según la Secretaría de Hacienda, se planea reducir en 4 mil millones de pesos el presupuesto destinado a la cultura, lo que representaría una disminución del 27% en comparación con 2024. Este recorte pondría en riesgo la operación de más de 1,200 recintos culturales, la conservación de 193 zonas arqueológicas, y la operación de 162 museos nacionales.
El Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (MOCCAM) advirtió que la reducción afectaría no solo a los espacios y proyectos culturales, sino también a los empleos en el sector. Se estima que hasta 40,000 puestos de trabajo podrían estar en riesgo debido a la disminución de recursos. Además, algunos institutos clave como el INAH y el INBAL sufrirían recortes importantes, lo que podría impactar la preservación del patrimonio cultural y las actividades artísticas a nivel nacional.
Artistas como Javier Tovarich y Tamara Ibarra criticaron la precarización del sector cultural, señalando que muchos deben buscar trabajos alternativos como choferes de Uber o repartidores para poder sobrevivir. También expresaron su frustración por la disparidad en el presupuesto, mencionando que la Secretaría de la Defensa Nacional recibiría 12 veces más recursos que el sector cultural.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, presentó esta propuesta en noviembre de 2023, y aunque los diputados aún tienen tiempo para modificarla, las organizaciones culturales temen que no se logren cambios sustanciales antes de la aprobación final en diciembre. Ante este panorama, el colectivo No Vivimos del Aplauso y otras asociaciones han convocado manifestaciones y se preparan para incidir en el presupuesto de 2026, exigiendo mejores condiciones para los trabajadores culturales.
En medio de la incertidumbre, los artistas han señalado que, a pesar de las dificultades, seguirán produciendo cultura. Sin embargo, reclaman al gobierno que reconozca no solo el derecho al acceso a la cultura, sino también a los derechos laborales de quienes la producen, una demanda que sigue sin respuesta clara.