En la audiencia realizada el jueves 8 de mayo del año en curso la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, obtuvo la autorización judicial para que continúen inmovilizadas 14 cuentas bancarias pertenecientes a seis personas imputadas por los delitos de fraude agravado y abuso de confianza específico, en agravio de tres sociedades mercantiles en el municipio de Los Cabos.
Durante la audiencia en mención, la agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), expuso la petición de continúe vigente la inmovilización de dichas cuentas, argumentando ante el Juez de Control, quien luego de escuchar y evaluar los datos de prueba de las partes, resolvió a favor de tal petición.
Los imputados, identificados como Antonio “N”, Miriam “N”, Roberto “N”, Rubén “N”, José “N” y Fernando “N”, probablemente cometieron los delitos que se les imputan desde el 5 de enero de 2020, hasta el 5 de agosto de 2023, y por su relación en éstos, fueron vinculados a proceso el 24 del 2024, ya que, valiéndose de sus cargos como intermediarios de ventas de tiempos compartidos en ese lapso, engañaron a clientes para obtener dinero en efectivo y depósitos en cuentas personales.
Como se informó con anterioridad y de acuerdo a la investigación, los imputados realizaban falsas promociones y ofrecían beneficios inexistentes a clientes con contratos vigentes, convenciéndolos de realizar pagos fuera de los canales oficiales. Posteriormente, se trasladaban a sus domicilios, incluso en el extranjero, para recoger el dinero en efectivo, valiéndose de documentos apócrifos y engaños.
El monto total del fraude asciende a 17 millones 808 mil 218.62 pesos mexicanos y 804 mil 774.68 dólares estadounidenses, afectando a 55 personas físicas en un total de 63 contratos.
La Representación Social turnará a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores el oficio expedido por el Juez de Control para que, continúe vigente la inmovilización de dichas cuentas.
La PGJE continúa con las investigaciones para garantizar justicia y la reparación del daño de víctimas y ofendidos.