- La iniciativa persigue la acción de poder denunciar daños sufridos durante la niñez y poder así reclamar la reparación de los daños sin que el tiempo transcurrido sea un impedimento
Turnan a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia la iniciativa de reforma presentada por la Diputada Cristina Contreras Rebollo (Morena), mediante la cual busca establecer en la legislación local la acción para exigir la reparación de los daños derivados de actos de violencia sexual cometidos contra una persona cuando ésta tenía menos de dieciocho años de edad.
Contreras Rebollo destacó que la acción legislativa tiene por objeto incorporar expresamente al Código Civil de Baja California Sur, la imprescriptibilidad de la acción para exigir la reparación de los daños a personas quienes en su infancia sufrieron actos de violencia sexual, lo anterior, mediante una adición precisa al artículo 1840, que conserve la regla general aplicable a otros supuestos y establezca una excepción sustentada en la protección reforzada de la niñez y la adolescencia.
Ahí mismo, puntualizó que la imprescriptibilidad elimina el obstáculo temporal para reclamar, pero no establece una condena automática, la procedencia de la acción, por lo que la responsabilidad y la reparación deberán determinarse judicialmente con observancia de las reglas aplicables, las perspectivas de protección correspondientes y el derecho de defensa; tampoco se incorpora como requisito adicional una sentencia penal condenatoria previa.
La expresión relativa a la reparación de los daños permite comprender las afectaciones cuya reparación proceda conforme al ordenamiento, sin limitar expresamente la excepción al daño moral; igualmente, la formulación no circunscribe el supuesto a un determinado entorno familiar, escolar, laboral o institucional, ni incorpora como condición que la persona responsable haya sido adulta.
En cuanto a la aplicación temporal, se propone que la reforma entre en vigor al día siguiente de su publicación, sin introducir una exclusión general para hechos anteriores ni disponer la reapertura automática de procesos concluidos; la aplicación de la norma y de la jurisprudencia deberá observar el artículo 14 constitucional, el artículo 217 de la Ley de Amparo y los criterios pertinentes sobre seguridad jurídica e irretroactividad jurisprudencial.