Con el propósito de evadir el cumplimiento de diversas leyes y reglamentos que regulan la construcción de obras públicas del Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto violatorio del orden jurídico constitucional que debe quedar sin efecto, demandó la senadora Lupita Saldaña Cisneros.
El decreto que entró en vigor el pasado 22 de noviembre incita a violar la legalidad para no cumplir con permisos, licencias y autorizaciones y demás trámites administrativos rigurosamente normados en nuestro marco jurídico para la ejecución de dichos proyectos, advirtió al hacer referencia a un punto de acuerdo que inscribió en el orden del día de la sesión de hoy con este propósito.
Subrayó que al declarar todas las obras del Gobierno federal de interés público y seguridad nacional, el Presidente abre la posibilidad de que las adjudicaciones directas sean la regla y no la excepción, además de que busca denegar la información que se solicite sobre sus proyectos con el pretexto estar clasificada como reservada.
Lo anterior representa un acto arbitrario que refleja el desprecio por la ley y constituye una argucia legal para evitar dar a conocer pormenores de las obras en los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos, apuntó.
Con este motivo la senadora panista por Baja California Sur expuso que toda la información asociada a las megaobras del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Felipe Ángeles quedará encubierta y reservada, generando una gran opacidad y un incentivo para cometer actos de corrupción.
Agregó que el decreto también viola diversos derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte, los cuales tienen como objetivo proteger la salud de la población y procurar un medio ambiente sano, lo que no podrá garantizarse si se omite la evaluación de impacto ambiental de cada obra.
De igual manera se hacen a un lado disposiciones legales que al Presidente le estorban, como son la consulta pública a las comunidades afectadas por sus proyectos, así como las relativas al cambio de uso de suelo de terrenos forestales, manifestó.
“Este es el grado de ilicitud que promueve López Obrador a través de su decreto, llevar adelante sus proyectos sin cumplir la ley, porque según él sus obras son de interés público y seguridad nacional y están por encima de la ley”, recalcó.
La senadora Lupita Saldaña consideró que la desesperación lo ha llevado a emitir el decreto a pesar de que violenta la Constitución, misma a la que juró cumplir y hacer cumplir al asumir el cargo, por lo que le instó a reconsiderar su decisión para dejarlo sin efecto cuanto antes.