La Paz.- “El pasado jueves 2 de junio, el Congreso local aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) en Baja California Sur. La aprobación fue celebrada, creemos que muy acríticamente, por un grupo de ciudadanos como un “avance progresista”, pero más nos preocupa la indiferencia e indolencia con que fue recibida por la mayor parte de la ciudadanía”, afirmó a través de un mensaje al pueblo de Baja California Sur el Obispo de La Paz, Miguel Angel Alba Díaz.
“Por nuestra parte, como presbiterio, no quisimos posicionarnos sin antes leer y analizar la iniciativa presentada, los dictámenes de diversas comisiones legislativas consultadas y el proyecto que fue presentado y aprobado por el pleno del Congreso. Ahora, realizadas esas tareas, ofrecemos a nuestro pueblo las siguientes reflexiones. No existe la interrupción del embarazo. Existe el aborto que, si no es espontáneo, consiste en la eliminación voluntaria de un individuo humano en estado de gestación, lo cual siempre será un crimen, por más comprensibles que sean las razones que induzcan al mismo”.
La Iglesia lo considera pecado grave y delito canónico y lo penaliza con excomunión, aunque, un adelanto importante en favor, sobre todo, de la mujer, es que la absolución de la misma ya no está reservada al Obispo, sino que puede absolverla todo sacerdote.
Esta consideración del aborto como pecado y delito que debe ser llevado ante un tribunal humano y principalmente ante el tribunal divino y debe ser justamente sancionado por una pena proporcionada, se fundamenta en la enseñanza misma de Nuestro Señor Jesucristo, quien al explicarnos el quinto mandamiento “No matarás” en el sermón de la montaña, nos habla de una progresividad en la gravedad del asesinato. (cfr. Mt. 5, 21-22), subrayó.
Así, el aborto es especialmente grave, cuando el abortado es odiado por ser fruto de una violación, o cuando es rechazado por considerarlo un estorbo para conseguir un ambicioso o deseado proyecto de vida. Pero es más grave cuando se niega la condición, dignidad y derechos del ser humano cuya vida es eliminada. En efecto, el ser humano lo es desde el momento de su concepción o no lo es, ni nunca lo será.
En consecuencia, aunque el aborto sea civilmente legal cuando se practica en las primeras doce semanas de gestación y comprendamos que esta ley pretende evitar a la mujer decidida a abortar mayores males y riesgos en caso de recurrir a un aborto clandestino en condiciones nada profesionales, lo cual parecería ser un beneficio para ella, para nosotros, discípulos de Cristo, nunca será justificable, sino que constituye un pecado grave y abominable que exige arrepentimiento, conversión y penitencia, no sólo de la mujer que aborta, sino de todos los que cooperaron al mismo con sus acciones, omisiones o permisividad.
A nuestras autoridades, que deben recordar que son autoridades de un pueblo en su mayoría cristiano, al mismo tiempo que comprendemos que busquen evitar mayores daños a la mujer decidida a abortar, los invitamos a considerar y ponderar el alto costo a pagar por dichos supuestos “beneficios”, el sacrificio de una vida verdaderamente humana, totalmente inocente y absolutamente indefensa, pues la víctima no puede defenderse, ni escapar, ni ocultarse de su injusto agresor.
Por otra parte, esta ley va contra la mujer, pues todo aborto, aunque el embarazo haya sido fruto de una relación no consentida (abuso o violación), o de una relación irresponsable, deja heridas físicas, emocionales y morales sólo o principalmente en ella, dejando impune y libre de cargas al responsable del embarazo.
Además, minimiza el aborto, nos hace insensibles ante la pérdida violenta de vidas humanas y abre la puerta para que en el futuro se comercie con material genético humano, como ya ocurre en otros países, y el ser humano o sus restos se conviertan en una mercancía que se pueden comprar y vender, convirtiendo el aborto en un negocio.
También los invitamos a ser coherentes con la trasformación moral y la revolución de las conciencias que pretenden impulsar en este nuevo régimen, basándonos en principios emanados y proclamados por el actual gobierno:
- Queremos un país más justo y sabemos que la ley no siempre coincide con la justicia. Toda ley es perfectible y si queremos un país más justo, debemos hacer aquellas reformas legales que impulsen el anhelo de lograr, al máximo, lo más justo para todos, principalmente para los más pobres e indefensos. Hay acciones que, aunque sean legales, son absolutamente inmorales e injustificables.
- Queremos un país más humanista y esto implica que todo ser humano, incluidos los delincuentes y criminales, deban ser protegidos y tutelados por las autoridades, pero esto exige reconocer que el ser que se pretende abortar “es también un ser humano”.
- Queremos un país que busque remediar las causas de los males que nos aquejan e inducen a una persona a convertirse en criminal y no simplemente declararle la guerra. Igualmente debemos remediar las causas de los embarazos no deseados, principalmente entre las niñas y adolescentes, en vez de sentenciar a muerte al fruto de esos embarazos.
- Este camino es largo y fatigoso, pero es el único posible para lograr una auténtica y plena trasformación.
Finalmente, a autoridades y sociedad les recordamos que los derechos humanos, el primero y más importante de los cuales es el derecho a la vida, no son una concesión del estado o de la sociedad, ni pueden ser sometidos a plebiscitos o consultas, sino que siempre y en todas partes deben ser reconocidos por ser inherentes a la naturaleza del ser humano y los invitamos a caminar juntos para que todas las personas puedan gozar íntegra y plenamente de todos sus derechos.