- Contará con la participación de la sociedad civil organizada y busca mejorar la calidad de las investigaciones
Con la representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, el subsecretario general de Gobierno, Isidro Ibarra Morales presidió la firma de un acuerdo entre la Procuraduría General de Justicia, autoridades estatales y la sociedad civil, para llevar a cabo estrategias que permitan abordar de manera más eficiente los delitos y mejorar las tareas de investigación.
Durante reunión en la sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno, se dio a conocer que a través de este trabajo conjunto, también se buscará reducir la incidencia delictiva y mejorar la atención a las denuncias. Se priorizan casos y la ejecución del Plan de Persecución Penal para Baja California Sur.
El procurador General de Justicia, Daniel de la Rosa Anaya precisó que resolviendo un mayor número de casos se abate la impunidad y se contribuye a disminuir la incidencia delictiva, y precisó que para lograrlo es crucial establecer una estrategia coordinada basada en un análisis detallado de los recursos humanos y materiales disponibles, con el objetivo de optimizarlos y tener mejores resultados.
Se acordó trabajar en los diez delitos de mayor incidencia delictual en la entidad, como son el de violencia familiar, amenazas, daños, lesiones dolosas, robo a casa habitación, fraude, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, robo a negocio, robo de vehículo y abuso sexual.
Se sumarán homicidio doloso, feminicidio, secuestro, desaparición de persona, violación y extorsión, ya que, a pesar de no aparecer en los primeros lugares de la incidencia, son delitos que tienen un profundo impacto en la sociedad.
El Comité será el encargado de evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Persecución Penal en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Baja California Sur y realizar los ajustes necesarios para su organización y operación.
Ibarra Morales destacó la importancia de este Comité de Continuidad y Evaluación del Plan de Persecución Penal, pues la participación y la observación ciudadana es una estrategia clave para fortalecer la gestión gubernamental con base en la inclusión y la transparencia.