- Resoluciones, laudos, listas de acuerdos e información estadística semestral referente a todos los asuntos que atiende, deberán ser publicados mediante internet o medios electrónicos
- El pleno aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción de unainiciativa de la Diputada María Luisa Trejo Piñuelas
El Tribunal Burocrático deberá hacer públicas todas sus resoluciones, laudos, listas de acuerdos e información estadística semestral, referente a todos los asuntos que atiende, a fin de actualizarse y de cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, que mandata el artículo 75 de la Ley de Transparencia del Estado.
Derivado de una iniciativa aprobada por la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, deberá contar con una página de internet o medios electrónicos convencionales para cumplir con las obligaciones que en materia de transparencia le son aplicables, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
La iniciativa fue presentada en septiembre de 2022 por la diputada María Luisa Trejo Piñuelas (Morena), en virtud de que el tribunal, mejor conocido como Tribunal Burocrático no ha avanzado en la publicación de la información institucional, pese a ser un derecho y una necesidad tanto para los trabajadores que tienen demandas ante ese tribunal como para sus representantes legales, quienes aún tienen que acudir a las instalaciones para enterarse si se ha dictado un acuerdo o alguna resolución.
La modificación adiciona un artículo 154 BIS a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur y el decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2024.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción que preside la diputada Gabriela Cisneros así como la diputada Luisa Trejo y el diputado José María Avilés Castro, secretaria y secretario, acotó que refrendan su compromiso de seguir legislando de manera progresiva a favor del derecho a la verdad, a la transparencia y a contar con un gobierno abierto y que su actuar administrativo y de gestión, sea público según la función de cada sujeto obligado, e impulsado que todos los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia.