Quienes suscribimos, como organizaciones representantes de la sociedad civil y preocupadas por la consolidación de nuestra democracia, expresamos nuestra más profunda preocupación por la decisión tomada hoy, de manera dividida, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta sentencia faculta, en los hechos, a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para designar, de manera unilateral, a los titulares de las unidades administrativas y la secretaría ejecutiva del máximo órgano electoral del país. Este tema tiene mayor relevancia en la antesala del proceso electoral más grande, numeroso y complejo en la historia de México.
Esta decisión no solo contraviene abiertamente el espíritu de la Ley, sino que además hace a un lado al Consejo General, el máximo órgano de dirección del instituto. No podemos olvidar que al diseñar el instituto, el legislador otorgó al Consejo General la facultad de designación colegiada, a fin de anteponer el consenso y legitimar las decisiones, evitando que éstas se tomaran de manera unilateral. La decisión tomada hoy por el TEPJF valida el paso de la colegialidad a la discrecionalidad; y de la deliberación y participación, a la imposición.
Quienes suscribimos expresamos nuestra profunda indignación por los intentos de captura de los órganos electorales que, además, contravienen la voluntad expresada en las calles por cientos de miles de ciudadanos que nos opusimos a que se tocara el INE.
Las y los mexicanos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes y representantes mediante elecciones libres, transparentes, justas y profesionalmente organizadas. Estos hechos en nada abonan a la confianza de las y los ciudadanos en la autoridad electoral y en el desarrollo del proceso. Por el contrario, solo llevan a concluir que en efecto se está preparando una elección de Estado que pretende, a toda costa, pasar por encima de la voluntad popular.
Exigimos a la presidenta del INE que tanto la secretaría ejecutiva, como las direcciones ejectuivas del instituto sean designadas con el consenso del Consejo General, tal como lo dispone el marco legal vigente. Solo de esta manera las y los mexicanos podremos mantener la confianza en ese órgano que ha sido orgullo de nuestra democracia.