- El Diputado Julio Cervando Higuera consignó su voto en contra de la Ley de Educación por considerar dos capítulos anticonstitucionales
- “Es un instrumento legal progresivo que pone al centro del debate público el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de todos los niveles”: Diputada María Guadalupe Moreno
- La Ley de Educación respeta los derechos reconocidos de los trabajadores de la Educación: Diputado José María Avilés
La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur emitió las leyes de Educación y de Educación Superior del Estado, en armonización de las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión.
El pleno del Congreso aprobó por mayoría los dictámenes presentados por la Comisión Permanente de Educación; en el caso de la ley de Educación estatal, actualiza el marco jurídico y lo adecua a lo establecido en la nueva reforma educativa, con la participación activa de las y los educandos, madres y padres de familia, tutoras o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo. Abroga la Ley de Educación estatal, publicada el 22 de abril de 2014, así como disposiciones de leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones generales.
La nueva ley ratifica la educación indígena (Capítulo VI) con el que se garantizan los derechos educativos y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas, atendiendo un punto de acuerdo aprobado por el pleno y propuesto por la diputada Eufrocina López Velasco.
El decreto establece en el articulado transitorio que la Secretaría de Educación Pública deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general en un plazo no mayor a 180 días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, seguirán aplicándose para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos en lo que no contravengan a este decreto.
En la discusión en lo general, el diputado Julio Cervando Higuera señaló que los capítulos de la educación indígena y el de la educación inclusiva contienen articulado que han sido declarados como inconstitucionales en la Ley General de Educación, por lo que el proyecto decreto que se pone a consideración es inconstitucional, además de señalar que no existió consulta previa a los sectores, por lo que solicitó a la presidencia de la mesa directiva sometiera a consideración de la asamblea que se regresara el dictamen a la comisión dictaminadora y finalmente consignó su voto en contra.
La diputada María Guadalupe Moreno Higuera consignó su voto a favor, señalando que la ley que se votó es un instrumento legal progresivo que pone al centro del debate público el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de todos los niveles, con especial énfasis en la educación básica y media superior, considerando que la educación superior cuenta con su ley especial, pero que además reconoce como un elemento esencial el proceso educativo a las maestras y a los maestros que desarrollan una labor sustancial del Estado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, diputado José María Avilés Castro, se refirió a dos puntos; en respuesta al diputado Julio Cervando Higuera, confirmó que la existencia de una resolución de la SCJN a dos capítulos de la Ley General de Educación, sin embargo puntualizó que a través de la propia representación en este congreso de la diputada Eufrocina López, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, la comisión recibió propuestas para que fueran incluidas en la ley. “Esperaremos el resultado de la corte mientras tanto creo que no podemos privar de que el Estado de Baja California Sur tenga una ley adecuada a lo que establece el nuevo modelo educativo la nueva relación del sistema educativo las obligaciones y los derechos para los padres de familia y respetar los derechos y las tradiciones y la educación para los grupos prioritarios.
Por otro lado señaló un rumor y postura irresponsable y atentadora contra el Congreso que planteó que esta ley eliminaba el derecho de los maestros para la cuantía de los quinquenios que están establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, “La Ley de Educación tiene un objeto distinto a lo que establece la normativa los derechos de las y los trabajadores en el término laborales; la misma ley establece textualmente en su título quinto artículo 83 fracción novena “Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables” es decir, establece claramente la cuantía de los quinquenios que no son tocado en absoluto sino al contrario aquí se manifiesta el respeto.
Fue aprobada la Ley de Educación Superior
En el caso de la Ley de Educación Superior, establece que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, se actualizará el reglamento interior de la autoridad educativa estatal.
Así también, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la autoridad educativa estatal convocará para la instalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.
La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, deberá emitir y adecuar los acuerdos, reglamentos y lineamientos y demás disposiciones de carácter general, en tanto que los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto continuarán, hasta su conclusión.