Los delitos electorales atentan contra la integridad y transparencia del proceso electoral. Estos ilícitos pueden ser denunciados si se identifican irregularidades durante el proceso. La Ley General en Materia de Delitos Electorales tiene como objetivo proteger el desarrollo de la función pública electoral y los mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular. Esta legislación establece sanciones específicas para garantizar la transparencia y justicia en los procesos electorales.
La ley impone penas tanto a la población en general como a los servidores públicos que cometan delitos electorales. A los funcionarios públicos se les puede imponer, además de la sanción correspondiente, la inhabilitación para ocupar cargos en el servicio público a nivel federal, estatal y municipal. También pueden ser destituidos de sus puestos. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) señala varios delitos electorales comunes, como el ofrecimiento de despensas a cambio de votos, el condicionamiento de programas sociales y la retención de credenciales para votar. Estos delitos son sancionados penalmente bajo la actual administración.
La violencia política en razón de género también constituye un delito electoral. Este tipo de violencia incluye acciones, omisiones o formas de tolerancia que limitan, anulan o menoscaban la participación política de las mujeres. La Ley General en Materia de Delitos Electorales define la violencia política en razón de género como cualquier acción u omisión que afecte desproporcionadamente a una mujer por su condición de género. Ejemplos incluyen la restricción del derecho al voto libre y secreto de una mujer o amenazas e intimidaciones para obligarla a renunciar a una candidatura.
Para denunciar delitos electorales, se pueden utilizar dos vías a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) de la FGR. Las denuncias se pueden presentar telefónicamente llamando al número 800-8-33-72-33 o a través de la plataforma en línea Fisenet. En esta plataforma, los ciudadanos pueden llenar un formulario para denunciar delitos electorales, recibir orientación y consulta jurídica, presentar quejas y reportar hechos que puedan constituir delitos.
Denunciar delitos electorales es fundamental para proteger la integridad del proceso democrático y asegurar que las elecciones se realicen de manera justa y transparente. Las autoridades están comprometidas a investigar y sancionar estos delitos para mantener la confianza en el sistema electoral y garantizar la participación equitativa de todos los ciudadanos.