Con el objetivo de brindar certeza tanto a la ciudadanía como al sector transportista en el municipio, la XI regidora de Los Cabos, Valerie Olmos Domínguez, presidenta de la Comisión Edilicia de Transporte, dio a conocer que se avanza en la consolidación de propuestas de tarifas oficiales para el servicio de camiones cisterna (pipas) y para el acarreo de materiales de construcción.
Acompañada por la primera secretaria de la Comisión, Luz Adriana Cosío Urbina, la XI regidora explicó que este proceso ha incluido jornadas de encuestas domiciliarias, así como mesas de trabajo con transportistas en las que se analizaron estudios técnicos que sustentan las tarifas propuestas. En el caso específico del servicio de pipas, ya se cuenta con una propuesta en etapa de dictaminación, la cual será presentada inicialmente a los operadores del sector para después someterse a consideración del pleno del Honorable Cabildo.
En lo que respecta al transporte de carga, detalló que se trabaja en una actualización urgente del tabulador, ya que la tarifa vigente fue establecida en 2011, cuando el precio del diésel era de ocho pesos por litro. Destacó que la propuesta actual considera variables económicas como los salarios, el costo de refacciones y los gastos operativos, a fin de reflejar una realidad más justa para ambas partes.
Estas mesas de trabajo han contado con la participación de representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), colegios de ingenieros y arquitectos, así como de dependencias municipales como Obras Públicas, Desarrollo Urbano e IMPLAN, con el objetivo de lograr un análisis integral que contemple tanto a quienes prestan el servicio como a quienes contratan obras públicas o privadas.
Finalmente, Valerie Olmos expuso que estas acciones contribuirán a evitar abusos y precios inflados, particularmente durante temporadas de alta demanda de agua, y permitirán establecer condiciones equitativas para los transportistas y la ciudadanía. Reiteró que el propósito de la Comisión que preside es que las familias paguen precios justos y que las personas que viven de esta actividad cuenten con reglas claras y transparentes.