Luego de 11 años de litigios y disputas por la legalidad de su patrimonio y gracias a la coordinación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General y su titular Homero Davis Castro y la Procuraduría General de Justicia (PGJE), con las diversas instancias de los 3 niveles de gobierno, recientemente garantiza a 26 familias del predio 62 “El Sobrante”, en Vizcaíno, la legal tenencia de sus tierras.
Daniel de la Rosa Anaya, titular de la PGJE, informó que luego de un sin número de reuniones efectuadas en Guerrero Negro y Villa Alberto Alvarado Arámburo, para dar cumplimiento al mandato de un Juez de Distrito, de restituir el bien al Sr. Daniel Favela, que se derivó de una sentencia del Tribunal Colegiado del Estado, se materializó con la firma de 26 convenios entre las partes, que el Secretario General de Gobierno presidió y que beneficia a las y los habitantes del predio y evitando su desalojo y pérdida de derechos.
El Procurador de Justicia agregó que el representante de las 26 familias asentadas desde hace varios años en el predio 62 conocido como “El Sobrante”, Daniel Favela, aseguró que el propietario Felipe Prado Bautista, en su tiempo, les vendió la posesión.
No obstante, en 2011 dichas familias fueron denunciadas por el delito de despojo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyo denunciante, Felipe Prado Bautista, mostró documentación que lo acredita como posesionario de los predios.
Ante el conflicto y la incertidumbre de las familias de perder su patrimonio y buscando el bien común, el Gobierno del Estado intervino como mediador y por medio de la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia, sus titulares se reunieron con los representantes de ambas partes, apelando al diálogo acordaron realizar un censo de los colonos involucrados para, con base en esa información, tomar la decisión en favor de las familias.
El conflicto iniciado desde hace 11 años con la denuncia de despojo, que provocó incertidumbre sobre la legal propiedad de su patrimonio, concluyó con la firma de acuerdos entre las partes involucradas, que privilegiaron el diálogo y la legalidad para resolver su conflicto.