La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito (UPVD), y el gobierno de Baja California Sur acordaron realizar una intervención integral para la prevención y atención de la violencia sexual y feminicida.
La colaboración tendrá como base la política de Cero Impunidad del Gobierno de México, mediante acciones de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (CONAHO); la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la ejecución de acciones preventivas.
En el evento estuvo el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío; la titular de la UPVD, Tania Jimena Enriquez, y el secretario general de Gobierno de Baja California Sur, Homero Davis Castro.
Enriquez refirió que en el fenómeno delictivo la impunidad favorece la reproducción del crimen, mientras que la falta de información y orientación para las mujeres inhibe la denuncia y el acceso a la justicia.
Por ello, resaltó la necesidad de atender las denuncias, alertamientos, la integración de investigaciones rezagadas, el cumplimiento de órdenes de protección y ejecución de aprehensiones pendientes.
Por su parte, el gobernador Castro Cosío reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con la Federación y sociedad en conjunto, para atender de fondo la problemática social que nos aqueja, no sólo como país o entidad, sino como miembros de una comunidad.
“El compromiso social que adquirimos como gobierno es, precisamente, trabajar para y por quienes más lo necesitan y las víctimas de este tipo de conductas nos requieren unidos, trabajando bajo un solo objetivo, el bienestar de todas y todos; ya que nuestra gente merece una vida libre de violencia”, dijo.
La CONAHO y CONASE apoyarán en el análisis de carpetas de investigación, de órdenes de aprehensión, de casos de trata, feminicidios y violencia sexual, así como capacitación a policías y fiscalías.
Entre las acciones preventivas está la instalación de una Mesa de Trabajo con instancias del Gobierno de Baja California Sur, como el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres; el Centro de Justicia para las Mujeres; la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado.
La colaboración tendrá como base la política de Cero Impunidad del Gobierno de México, mediante acciones de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (CONAHO); la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la ejecución de acciones preventivas.
En el evento estuvo el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío; la titular de la UPVD, Tania Jimena Enriquez, y el secretario general de Gobierno de Baja California Sur, Homero Davis Castro.
Enriquez refirió que en el fenómeno delictivo la impunidad favorece la reproducción del crimen, mientras que la falta de información y orientación para las mujeres inhibe la denuncia y el acceso a la justicia.
Por ello, resaltó la necesidad de atender las denuncias, alertamientos, la integración de investigaciones rezagadas, el cumplimiento de órdenes de protección y ejecución de aprehensiones pendientes.
Por su parte, el gobernador Castro Cosío reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con la Federación y sociedad en conjunto, para atender de fondo la problemática social que nos aqueja, no sólo como país o entidad, sino como miembros de una comunidad.
“El compromiso social que adquirimos como gobierno es, precisamente, trabajar para y por quienes más lo necesitan y las víctimas de este tipo de conductas nos requieren unidos, trabajando bajo un solo objetivo, el bienestar de todas y todos; ya que nuestra gente merece una vida libre de violencia”, dijo.
La CONAHO y CONASE apoyarán en el análisis de carpetas de investigación, de órdenes de aprehensión, de casos de trata, feminicidios y violencia sexual, así como capacitación a policías y fiscalías.
Entre las acciones preventivas está la instalación de una Mesa de Trabajo con instancias del Gobierno de Baja California Sur, como el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres; el Centro de Justicia para las Mujeres; la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado.