• Coloca a BCS, como una de las primeras entidades federativas que cuenta con una ley moderna, útil y alineada a la visión nacional e internacional que impulsa la ciencia con sentido humano y de beneficio colectivo
El pleno del Congreso aprobó hoy la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en Baja California Sur, con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, propuesta por la diputada Lupita Saldaña Cisneros, del Partido Acción Nacional.
Su propósito es acercar el conocimiento a la gente, para que no sea sólo asunto de investigadores o universidades, sino que sirva para resolver los problemas de todos los días, como el acceso al agua, la salud, el empleo o el cuidado del medio ambiente.
Se trata de una ley que establece, desarrolla y específica el derecho humano a la ciencia, reconocido por la Ley General y por la Relatoría Especial de la ONU.
La creación de esta ley, coloca a Baja California Sur, como una de las primeras entidades federativas que cuenta con una ley moderna, útil y alineada a la visión nacional e internacional que impulsa la ciencia con sentido humano y de beneficio colectivo.
Durante su intervención en tribuna, la diputada Lupita Saldaña Cisneros, destacó que su propuesta incorpora las humanidades, ciencia tecnologías e innovación, acorde a la ley general, establece figuras novedosas alrededor del derecho humano la ciencia, entre otras: principios rectores de la formación, investigación, divulgación y el desarrollo de proyectos en la materia, las bases para la formulación e implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas del estado en la materia.
Implica el fomento, promoción, instrumentos y acciones para detonar las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, como elementos fundamentales del desarrollo integral y sustentable de nuestra entidad federativa y establece bases de las políticas públicas en la materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de capacidades para la protección del medio ambiente y el acceso al agua potable en el Estado, considerando su posición geográfica privilegiada.