El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, envió al Congreso del Estado, proyecto de decreto de la Ley Orgánica de Conciliación Laboral de Baja California Sur, que vendrá a regular la organización y funcionamiento de los Centros de Conciliación Laboral en Baja California Sur, que se instalan a partir del 1 de mayo del presente año.
Así mismo, convocó a la mesa directiva del período permanente, que preside la diputada Marbella González Díaz, a que convoque a quienes integran la XVI legislatura para, mediante período extraordinario, se lleve a cabo el trámite correspondiente.
La Ley es presupuestalmente viable, según lo determina la titular de finanzas en el estado, Bertha Montaño Cota, (en un oficio adjunto al proyecto de decreto, y que es dirigido al titular de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social, Isidro Marín Ibarra Morales), porque la reforma, incide en el marco legal de la autoridad estatal, generando un impacto presupuestario ya considerado en el presupuesto de egresos para el 2022, en el marco de los trabajos preparatorios para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Una vez aprobada dicha ley, la justicia laboral será más rápida expedita y funcional para todos los y las trabajadoras, quienes a partir del 1 mayo de este año, contarán con una delegación u oficina del Centro de conciliación en cada municipio.
Cabe destacar que, las reformas a los artículos 103 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia laboral, publicadas el 24 de febrero del 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se basan en tres ejes esenciales: justicia laboral democracia sindical y negociación colectiva.
En ese contexto, se sentaron las bases para la transformación al esquema de impartición de justicia laboral imparcial, eficiente, transparente, objetiva y autónoma que haga frente a las necesidades de la dinámica laboral actual.
Es importante señalar que, a partir del 1 de mayo del presente año, se instruyen en todos los cinco municipios: Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, los Centros de Conciliación, por lo que la Junta de Conciliación (a partir de entonces) dejará de laborar, para sólo trabajar en el rezago que haya, pero ya no recibirá más demandas.
Dicho proyecto de decreto, fue asignado a la comisión de Asuntos Laborales para su análisis y discusión.