- Impartió la ponencia sobre obligaciones patronales en el tercer foro en materia laboral ofrecido por la Comisión de Asuntos Laborales de la XVI Legislatura del Congreso de BCS
Vamos a cumplir con lo que establecen las leyes federales y estatales para la implementación de la las autoridades local y federal, dijo Amalia Camacho Álvarez Subsecretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, al impartir la ponencia sobre las “Nuevas obligaciones patronales de inspección a la Ley federal de Trabajo”, durante el tercer foro en materia laboral ofrecido por la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, que preside la diputada María Luisa Trejo Piñuelas.
La funcionaria hizo un recuento de la implementación de la reforma laboral, que el pasado 02 de mayo de 2019 entró en vigencia el nuevo sistema de justicia laboral, en cuyos puntos torales desaparecen gradualmente las juntas locales de conciliación y arbitraje, y las nuevas demandas serán competencia del Poder Judicial, previo proceso de conciliación a través de los centros de conciliación laboral de los gobiernos estatales.
Destacó de la reforma los servicios de salud para trabajadoras y trabajadores del hogar; la inspección del trabajo en donde los inspectores del trabajo deben auxiliar a los centros de conciliación y tribunales laborales.
Entre las obligaciones de los patrones que se incluyeron en la reforma laboral, es decir que anteriormente no se estipulaban en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, destacó, que deben entregar copia impresa de los contratos a los trabajadores; enterar de las deducciones a los trabajadores, por ello los recibos de nómina deben entregarse impresos.
Al ser visitados por un inspector del trabajo y ser observado en alguna Norma Oficial Mexicana, tienen plazos de 10 a 15 días para cumplir con las medidas que sean fijadas por el inspector del trabajo, y evitar ser sancionados.
Las sanciones previstas en el artículo 992 van de 250 a 5 mil UMA´s que equivalen desde 24 mil hasta 481 mil por cada medida no cumplida, las cuales son recaudadas por la Secretaría de Finanzas o la SCHP.