- La diputada Karina Olivas Parra y el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda, solicitan se restablezca el nombre original el cual desde hace más de 400 años se encuentra nombrado en la cartografía histórica
El pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno Federal, a fin de realizar los trámites y gestiones necesarias para dejar sin efectos el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre de 2009, mismo que fue emitido por la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el cual se modificó el Registro Nacional de Información Geográfica respecto al cambio de nombre en la cartografía oficial el nombre de la Isla “Cerralvo” por el de “Jacques Costeau”.
Fue un punto de acuerdo presentado por la diputada Karina Olivas Parra y el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda, mediante el cual solicitan se activen los mecanismos necesarios para el restablecimiento del nombre original “Isla Cerralvo” el cual desde hace más de 400 años se encuentra nombrado en la cartografía histórica y con el cual los habitantes de Baja California Sur reconocen y nombran la Isla en comento.
En la exposición de motivos, los iniciadores precisaron que la solicitud a las instituciones federales tiene por objeto revertir el indebido cambio de nombre de al considerar que, se pierde el respeto a la identidad histórica y cultural; revertir el cambio de nombre permitiría preservar la conexión con el pasado y la identidad de la isla, evitar la confusión y falta de reconocimiento, ya que el cambio de nombre a Jacques Cousteau puede generar confusión entre los habitantes y visitantes de la región, pues en su mayoría continúan nombrándola como Isla Cerralvo; y al considerar que la historia de la región deben tener prioridad sobre la imposición de nombres externos por intereses ajenos, turísticos o económicos.
Concluyeron al aseverar que la reversión del cambio de nombre debería ser un proceso participativo que involucre a los habitantes de la región y a las autoridades locales, a fin de garantizar que la decisión sea representativa de la voluntad de la comunidad.