Washington, D.C., 5 de agosto de 2025.
En una decisión que marca un giro significativo en la estrategia judicial estadounidense, el Gobierno de Estados Unidos notificó oficialmente a la Corte del Distrito Este de Nueva York que no buscará la pena de muerte contra los presuntos narcotraficantes mexicanos Ismael “el Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero. Ambos son considerados figuras históricas del narcotráfico en México y han sido señalados por décadas como objetivos prioritarios en la lucha antidrogas.
Los documentos, enviados por el fiscal Joseph Nocella Jr., confirman que el Departamento de Justicia optó por desechar la pena capital como posible castigo, decisión que fue autorizada directamente por la Fiscalía General. La medida fue dirigida a los jueces Brian Cogan y Frederic Block, encargados de los respectivos casos.
Un giro en la cooperación judicial
Esta postura del gobierno estadounidense podría responder a un cambio estratégico en su política exterior y judicial, así como a acuerdos diplomáticos con México, país que no extradita a ciudadanos cuando existe riesgo de pena de muerte, salvo compromisos específicos de que no se aplicará.
Reacciones encontradas
El abogado defensor de Zambada, Frank Pérez, celebró la decisión como un avance hacia “una resolución justa y equitativa”. En el caso de Caro Quintero, hasta ahora no se ha emitido comentario oficial por parte de su defensa legal.
Ambos hombres se han declarado inocentes de los múltiples cargos que enfrentan. Zambada fue detenido en julio de 2024 tras ser presuntamente engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “el Chapo”, para abordar un avión con destino a EE.UU. Enfrenta 17 cargos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas. Por su parte, Caro Quintero, extraditado a inicios de este año junto a otros 28 presuntos delincuentes, fue acusado del homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, además de delitos relacionados con el narcotráfico.
Justicia sin pena capital
Aunque la pena de muerte sigue vigente en el sistema judicial estadounidense, este tipo de decisiones podrían reflejar una tendencia creciente a evitar su aplicación en casos de alto perfil con implicaciones diplomáticas. El desarrollo de ambos juicios será clave para observar cómo evoluciona la cooperación binacional en materia de justicia y extradición.