Leticia Hernández Vera
Los Cabos.– Madres y padres de pacientes con fibrosis quística en Los Cabos y otros municipios del estado demandaron a las autoridades del Sector Salud un trato digno y la inclusión del medicamento Trikafta en el sistema público, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a sus hijos.
Las familias se sumaron a la reciente marcha nacional para protestar por la negativa de incorporar el fármaco al cuadro básico, pese a que cuenta con registro sanitario avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Señalan que su aplicación permitiría mejorar significativamente la condición de los menores diagnosticados con esta enfermedad genética.
Marisel Ramírez Ramírez, explicó que, además del acceso al medicamento, solicitan espacios hospitalarios cuando los menores presentan crisis que requieren internamiento. Indicó que Trikafta es un modulador genético que, si bien no cura la fibrosis quística, ayuda a frenar el avance del padecimiento y reduce las afectaciones pulmonares, pancreáticas y en otros órganos vitales.
Detalló que actualmente mantienen contacto al menos seis madres de pacientes en municipios como La Paz, San José del Cabo y otras localidades del estado, quienes enfrentan dificultades para acceder al tratamiento, disponible únicamente en farmacias privadas. Asimismo, subrayó la importancia de realizar pruebas de electrolitos en sudor para detectar oportunamente la enfermedad, ya que —dijo— existen casos de menores que fallecen sin haber sido diagnosticados.
Las madres hicieron un llamado urgente a las autoridades locales y federales para que atiendan su demanda, al señalar que recientemente falleció un menor, lo que ha sensibilizado aún más la situación.
Por su parte, Diana Guzmán afirmó que existen testimonios de pacientes que han mostrado mejoría significativa tras recibir el medicamento, pasando de depender de oxígeno permanente a presentar una notable recuperación.
Indicó que desde Los Cabos y otros municipios participaron en una manifestación pacífica en la Ciudad de México para visibilizar el problema. Como respuesta, autoridades federales ofrecieron establecer una mesa de diálogo en un plazo de 72 horas para revisar la solicitud.
Las familias reiteraron su petición de que el medicamento sea incorporado al sector público, al considerar que existe evidencia científica sobre su eficacia y que negar el tratamiento limita las oportunidades de vida de los pacientes con fibrosis quística.