Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, se encuentra en el centro de una investigación financiera tras revelarse que recibió en sus cuentas bancarias un total de 4.5 millones de dólares. Estos fondos, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, provinieron de miembros de la familia Weinberg, quienes son señalados por las autoridades federales como prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las transferencias a Abdalá se realizaron entre julio de 2012 y mayo de 2017. De ese monto, 2.6 millones de dólares fueron depositados en sus cuentas personales, mientras que 1.89 millones de dólares fueron enviados a Roybell International Inc., una empresa offshore panameña controlada por ella. Este período coincide con el tiempo en el que Manuel Bartlett era senador plurinominal del Partido del Trabajo y participaba activamente en el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno investiga estas operaciones en el marco de una demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una corte de Florida. La intención de esta acción legal es recuperar fondos del erario que, presuntamente, fueron desviados por García Luna a través del entramado empresarial de los Weinberg. La UIF ha solicitado documentación que justifique el propósito de estas transferencias y cualquier comunicación entre los involucrados respecto a los envíos de dinero.
Los vínculos entre los Weinberg y la pareja de Bartlett se extienden más allá de las transferencias bancarias. Se ha documentado que Samuel Weinberg, uno de los principales implicados, admitió tener una relación de amistad con Manuel Bartlett y Julia Abdalá desde hace más de 20 años. Además, se reveló que la familia Weinberg operaba desde un departamento de Abdalá en Polanco, Ciudad de México, el cual también albergaba una joyería en la que era socia de la esposa de Weinberg.
Hasta el momento, ni Abdalá ni su representación legal han respondido a las acusaciones ni han emitido una postura oficial sobre las transferencias. Mientras tanto, la UIF sigue recopilando evidencia para determinar si estos movimientos financieros formaban parte del esquema de corrupción encabezado por García Luna. Esta investigación podría tener implicaciones significativas para el entorno político y económico de quienes han estado relacionados con estos fondos de origen sospechoso.