Roxana Ruíz víctima de la arbitrariedad de las autoridades Mexicanas, por asesinar a su violador

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Una mujer que sobrevivió a una violación e intento de feminicidio de 22 años de edad originaria de Oaxaca, es ignorada por las autoridades de el penal Bordo de Xochica, Estado de México.

Roxana Ruíz lleva 7 meses presa por matar en defensa propia, a su violador, ella misma reconoce que no encontró otra salida cuando el mismo amenazó con matarla.

Su caso tomó un rumbo distinto a los miles de agresiones contra mujeres que suceden en México, después de asesinar a su agresor, la fiscalía la acusa de homicidio simple, con exceso de legítima defensa, la joven tiene dos salidas posibles; aceptar la acusación del ministerio público o ir a juicio contra el mismo sistema que la mantiene en prisión.

Cualquier decisión que tome, conlleva consecuencias muy grandes, declararse culpable implica cumplir una pena de 7 años de cárcel y pagar una reparación  de daño de 450,000 pesos a la familia de su agresor y si rechaza el procedimiento abreviado cortesía del nuevo sistema de justicia penal se enfrenta a un destino incierto, pero por lo menos tendría oportunidad de dar su testimonio de los hechos. Además los gastos por solventar en todo el proceso y los de su familia, se está volviendo una situación insostenible.

La joven trata de mantenerse positiva “Gracias a Dios no estoy muerta, eso cuenta al otro lado del teléfono del reclusorio del municipio de Nezahualcóyotl, “Mi mamá me dice que no esté triste, que al menos ella me viene a ver, si no desde cuando ya me hubiera velado”, comenta.

Roxana nació en Oaxaca y es perteneciente a una comunidad indígena mixteca, a los 15 años migró a Estado de México en busca de una mejor calidad de vida.La noche del 8 de Mayo, al finalizar su turno de trabajo, su vida dio un giro radical, una amiga la invitó a beber unas cervezas con sus compañeros de trabajo, entre ellos había un joven que se ofreció a llevarla a su casa, al llegar a la puerta la comprometió a dejarlo quedarse a dormir por que vivía muy lejos y la zona es insegura, ella aceptó y lo instaló en la sala.

A mitad de la medianoche, la joven despertó cuando el hombre la atacaba física y sexualmente en su propia casa, Roxana admite que logró sobrevivir al atacar de muerte, pero la fiscalía asegura que la forma en la que se defendió fue excesiva, por eso la acusan de homicidio con exceso de legítima defensa, el Ministerio Público argumenta que los medios empleados por la joven para salvaguardar su vida no son equiparables con la agresión de la que fue víctima.

 “Yo sé que lo hice, pero no fue por quererlo hacer”, cuenta Roxana. “En ese momento no encontré otra salida. No sé de dónde me salieron fuerzas”, recuerda. Todo pasó muy rápido: forcejearon, ella lo empujó y logró quitárselo de encima, corrió e intentó escapar, pero no pudo hacer más que tomar una prenda de ropa y convertirla en arma de defensa. “Le puse la playera en el cuello, empezamos otra vez a forcejear, él queriéndome quitar de atrás de él, y fue cuando nos caímos y yo no solté la playera por el miedo que tuve”, narró.

En el momento en el que Roxana fue detenida, los policías inspeccionaron su casa y reportaron el “homicidio”, no se le realizaron exámenes para comprobar la agresión sexual que estaba denunciada y tampoco se aplicó el protocolo correspondiente,  “Les dije que me había pasado y que sí lo había hecho, pero por qué lo había hecho y no me hicieron caso”, recuerda la joven. Tampoco se le proporcionó un traductor indígena ni pudo hacer una llamada. Su madre se enteró hasta el 11 de mayo que su hija estaba en prisión.

Su detención fue el inicio de una serie de decisiones arbitrarias  por parte del Estado que han sido documentadas por su defensa legal, que lleva el caso desde finales de julio, casi tres meses después de que fue encarcelada.

La joven y su madre apenas consiguieron una defensora de oficio que abandonó el caso por enfermedad.

La abogada Abigail Escalante, a cargo de este caso desde entonces, explica que este es solo uno de los vacíos del sistema que no ha dejado de violentar a la joven y a su familia. “Es por eso es que en nosotros decimos que hay elementos para su absolución y que el juez podría determinar que no actuó con exceso de legítima defensa, fue únicamente la legítima defensa”, asegura.

Sin embargo, Escalante considera que la mejor opción para la joven y su familia es que se declare culpable. “La intención es demostrar la inocencia de Roxana, pero tampoco que eso derive en una situación de mayor miseria para su familia”, lamenta. La defensora señala que la duración mínima de un juicio es de seis a ocho meses, aunque lo más probable es que finalmente sea absuelta. “Es una posibilidad que se extiende mucho en el tiempo para que Roxana pueda salir”, valora. “Y al final de cuentas la prioridad es que ella pueda recuperar prontamente la libertad”.

“Roxana tendría que declararse culpable para no continuar violentando más sus derechos porque el sistema jurídico mexicano está pensado de esta manera”, admite. Al hacer un balance, la abogada estima que sí se puede demostrar la inocencia de la joven, pero el precio a pagar es quizás más alto que el casi medio millón de pesos que la Fiscalía demanda como reparación del daño. “Necesitaría grandes recursos económicos para que su familia no se preocupe por las visitas que le realiza, por los traslados desde Pinotepa, por la manutención de su hijo, porque en todo este tiempo su mamá no ha podido trabajar de manera constante como lo hacía antes de que ella fuera detenida”, expone.

El caso dio un giro y se hizo público cuando una tarde de julio, Ana Ruiz se encontró con Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, víctima de feminicidio en 2017, en el Estado de México, y un grupo de activistas del colectivo Vivas Nos Queremos Neza que la acompañaban en una protesta durante una audiencia en las afueras del penal. “Yo me acerqué y les hablé del caso de mi hija. La abogada de oficio había dicho que Roxana se culpara, que le daban 10 años de cárcel y que se le iba a reducir a cinco años”, recuerda. “Pero, ¿cómo se iba a culpar si ella solamente se defendió?”.

La activista Elsa Arista, del colectivo Vivas Nos Queremos Neza, que ha acompañado a Roxana y a su madre desde entonces, reflexiona que de no haber sido por ese encuentro, quizás el caso hubiera quedado invisibilizado. “Seguro muchos casos están sin verse, en donde la mujer queda en medio de todo, y es tan fácil culparla, señalarla y castigarla porque para el sistema si te violan no te tienes que defender, tienes que permitir ser un objeto de consumo de tu cuerpo”, expone.

“Hay quienes sobreviven, hay quienes las violaron y nunca dicen nada ni se defienden, y hay quienes como Roxana que pues lograron defenderse, pero son castigadas por una estructura machista, patriarcal y de clase”, continúa. La activista señala que la acusación a Roxana está sustentada bajo parámetros estereotipados, sin perspectiva de género. “Eso nos da un mensaje de que la Fiscalía está castigando a Roxana por ser mujer y haberse defendido”, advierte. “Entonces, todo lo que tiene que ver con las alertas, la perspectiva del género es letra muerta porque también mandan un mensaje a la población donde se reafirma este pacto patriarcal”, dice.

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