– La PGJE presentó pruebas de que el prefecto cometió los delitos el mes de septiembre y diciembre del 2017 y obtuvo la sentencia condenatoria
En la audiencia de Procedimiento Abreviado que se realizó el viernes 12 de mayo del año en curso en Ciudad Constitución, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo, mediante procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de 12 años de prisión, 300 días de multa y el pago de la reparación del daño consistente en terapia psicológica para la víctima por 60 mil 900 pesos, en contra una persona del sexo masculino, responsable del delito de abuso sexual de persona menor de edad agravada y violación equiparada agravada, agravado por ser cometido al interior de una institución de educación.
De acuerdo a las investigaciones en la Causa Penal J447/2022 los hechos que se le imputan sucedieron: el 28 de septiembre del 2017, el abuso sexual de persona menor de edad agravado y el 19 de diciembre del 2017, la violación equiparada agravada, en el interior de la escuela Secundaria Técnica Número 20, ubicada en la colonia Camino Real, en la capital del estado.
Al recibir la denuncia de la parte ofendida la agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención de Investigación y Judicialización de Delito Contra la Libertad Sexual y la Familia, inició las investigaciones y por los hechos descritos en tiempo y forma logró la vinculación a proceso del imputado, pues el Juez de Control admitió los datos de prueba que proporcionó; se tramitó el proceso y como resultado, las partes gestionaron ante el Juez el procedimiento abreviado, el cual autorizó y decretó la sentencia condenatoria de 12 años de prisión, 300 días de multa y el pago de la reparación del daño consistente en terapia psicológica para la víctima por 60 mil 900 pesos.
El ahora sentenciado pagará su condena en el Centro Penitenciario de esta ciudad capital.
Con la obtención de sentencias condenatorias la PGJE cumple con su compromiso de combatir la impunidad, realizando investigaciones apegadas al marco legal, hasta lograr esclarecer los ilícitos denunciados por víctimas y ofendidos, para dejar ante la autoridad judicial al responsable de cometerlos.