- Fue una Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la diputada Eda María Palacios para que, en BCS se prohíba negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por alguna de sus características físicas o su forma de vida
La Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de BCS, turnó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, la iniciativa con Proyecto de Decreto propuesta por la diputada Eda María Palacios Márquez, para reformar siete artículos a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja California Sur para que como medida de acción integral, establecimientos mercantiles, poderes públicos del Estado, ayuntamientos, dependencias, entidades y organismos autónomos deban contar con la siguiente señalética visible a todo el público: “En este lugar NO DISCRIMINAMOS. En Baja California Sur se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.”
La legisladora indicó que se reforma los artículo 2, 11, 12, 13, 14 y 15, y se adiciona una fracción XIX al artículo 4, el primer párrafo y un párrafo segundo al artículo 16; todos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, para que del mismo modo, todo el personal que labore en establecimientos mercantiles, poderes públicos del Estado, ayuntamientos, dependencias, entidades y organismos autónomos, sean capacitados en materia de igualdad y no discriminación.
Palacios Márquez, destacó que del mismo modo las reformas buscan garantizar que las personas puedan tener una efectiva participación civil, política, económica, cultural y social; e impulsar y fortalecer las acciones para promover una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las personas en situación de discriminación.