Ciudad de México.– La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone modificar 11 artículos de la Constitución con el objetivo de reducir los costos de los comicios, cambiar el sistema de representación proporcional y endurecer las medidas contra el financiamiento ilegal en campañas.
El documento fue entregado al Congreso por el enlace de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, y recibido por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.
Entre los principales cambios planteados se encuentra la reducción del número de senadores, que pasaría de 128 a 96, así como la modificación del método de elección de los 200 diputados de representación proporcional. La propuesta busca eliminar las listas tradicionales de candidatos y establecer un nuevo esquema en el que 100 legisladores se asignen a los segundos lugares con mayor votación en los distritos y los otros 100 sean electos mediante voto directo en las circunscripciones regionales.
La reforma también contempla disminuir el financiamiento público destinado a los partidos políticos para su gasto ordinario. De aprobarse, el cálculo para asignar recursos se modificaría, lo que representaría una reducción aproximada del 25 por ciento del gasto electoral, con un ahorro estimado superior a los 15 mil millones de pesos.
En materia de fiscalización, el proyecto establece medidas más estrictas para evitar el ingreso de recursos ilícitos en campañas. Entre ellas se propone prohibir las aportaciones privadas en efectivo, obligar a que los recursos se manejen mediante transferencias bancarias y vetar cualquier financiamiento proveniente del extranjero.
Además, la iniciativa permitiría que autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera soliciten información sobre candidatos y partidos con el fin de garantizar la integridad de los procesos electorales. También se plantea que los aspirantes y fuerzas políticas reporten al Instituto Nacional Electoral todas sus operaciones financieras, incluidos activos, créditos y movimientos en divisas o valores digitales.
Otro de los puntos relevantes es la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas. El proyecto establece que cualquier contenido relacionado con elecciones que haya sido alterado o modificado deberá ser identificado como tal, mientras que medios de comunicación y plataformas digitales tendrían la responsabilidad de advertir sobre material no etiquetado.
La propuesta también prevé reducir los tiempos oficiales de radio y televisión para partidos políticos de 48 a 35 minutos diarios, así como establecer que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y funcionarios de organismos electorales no perciban salarios superiores al del titular del Ejecutivo federal.
En su exposición de motivos, la mandataria señaló que la reforma busca fortalecer la democracia mexicana, mejorar la transparencia en los procesos y garantizar la autenticidad del voto ciudadano, al tiempo que se reducen los altos costos del sistema electoral.
Finalmente, subrayó que los cambios propuestos no buscan eliminar la representación proporcional, sino reforzar su legitimidad mediante mecanismos que reflejen de manera más directa la voluntad popular.