Jueces y magistrados federales en México se han unido al paro indefinido que inició esta semana en el Poder Judicial, en protesta contra la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta medida de protesta es un hecho inédito en el país y ha generado una creciente tensión en el ámbito político y judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de México (Jufed) organizó una vigilia la noche anterior en las escalinatas del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Ciudad de México, para manifestar su rechazo a la reforma. Durante el evento, la jueza Juana Fuentes, directora de la Jufed, declaró que la reforma amenaza con socavar los pilares del Estado de derecho, subrayando la gravedad de la situación.
La Jufed ha anunciado que el paro continuará hasta que se establezca un diálogo con las autoridades y se detenga el proceso de reforma. Mientras dure la huelga, no se llevarán a cabo audiencias, diligencias, ni se procesarán escritos o demandas. Esta medida ha paralizado gran parte de las actividades judiciales en varios estados del país.
A pesar de la huelga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se han sumado a la suspensión de labores, según un comunicado emitido por la Jufed. Sin embargo, la paralización de las actividades en otras instancias ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
Desde su conferencia matutina, el presidente López Obrador expresó su respeto por el derecho de los trabajadores a manifestarse, aunque reiteró sus acusaciones de corrupción en el Poder Judicial. Esta postura ha intensificado el debate sobre la reforma, que incluye la elección de jueces y magistrados por voto popular.
La propuesta de reforma será discutida en la próxima Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, y ha sido motivo de un amplio debate nacional. La oposición ha solicitado que la reforma sea gradual para evitar la pérdida de independencia judicial, mientras que el oficialismo defiende los cambios como necesarios para combatir la corrupción en el sistema judicial.