Los Cabos.- La posible reforma electoral que se ha planteado desde el ámbito federal podría significar un grave retroceso para la democracia mexicana, advirtió el doctor Alejandro Palacios, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), durante una entrevista radiofónica para el programa Sobremesa con Elías Medina.
Palacios señaló que hasta el momento no existe un documento formal que permita evaluar con precisión la reforma; sin embargo, dijo que los comentarios públicos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum y por integrantes de la comisión presidencial, como Pablo Gómez, apuntan a una propuesta de centralizar las elecciones mediante la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), lo que implicaría la desaparición de los organismos públicos locales electorales (OPLEs).
En ese sentido, rechazó que la centralización represente un ahorro real, ya que incluso el propio Instituto Nacional Electoral (INE) ha manifestado que no cuenta con el personal ni el presupuesto suficiente para organizar simultáneamente elecciones locales y federales en las 32 entidades del país. “El pretexto del ahorro no se justifica”, subrayó.
Sobre la eliminación de las diputaciones plurinominales, explicó que el supuesto ahorro —estimado en 2.5 millones de pesos por diputado al año— no representa una solución significativa y, por el contrario, afectaría la representación política de las minorías, favoreciendo una concentración del poder en el partido mayoritario.
El consejero presidente recordó que México ya vivió una etapa en la que las elecciones estaban centralizadas en la Secretaría de Gobernación, lo que derivó en más de 70 años de un partido hegemónico. “El avance democrático se logró cuando se ciudadanizaron las elecciones, a lo largo de más de 40 años de construcción institucional”, afirmó.
Destacó que actualmente los OPLEs y el INE son organismos autónomos, integrados por ciudadanos seleccionados mediante procesos públicos, transparentes y rigurosos, y que son precisamente ciudadanos quienes cuentan los votos como funcionarios de casilla, sin intervención de partidos o gobiernos.
Centralizar todas las actividades electorales en una sola institución, advirtió, generaría serias dudas sobre quién contaría los votos, cómo se garantizaría la imparcialidad y cuántos ciudadanos serían necesarios para cubrir todo el país.
A título personal, Palacios consideró que la reforma busca controlar los procesos y resultados electorales, así como los órganos legislativos, al eliminar mecanismos de representación proporcional. “Eso nos regresaría a un esquema de control absoluto, sin equilibrios”, señaló.
En materia presupuestal, explicó que el OPLE de Baja California Sur representa alrededor del 1.2% del presupuesto estatal en año electoral y menos del 1% fuera de proceso. Para el próximo proceso electoral, el presupuesto estimado es de 130 millones de pesos, más un gasto ordinario cercano a los 120 millones, recursos que se destinan a garantizar altos estándares de seguridad y confiabilidad, incluyendo boletas con elementos similares a los de un billete bancario.
Alertó además que reducir el financiamiento público a los partidos podría abrir la puerta a recursos ilícitos, como dinero del crimen organizado o de intereses empresariales, lo que sería un serio retroceso democrático.
Finalmente, reconoció que una reforma electoral sí es necesaria, pero debe enfocarse en áreas de oportunidad como garantizar un piso mínimo constitucional de financiamiento para los OPLEs, impulsar el uso de tecnologías digitales como el voto por internet con altos estándares de ciberseguridad, y crear mejores incentivos para la participación ciudadana como funcionarios de casilla.
De concretarse la desaparición de los OPLEs, advirtió, sería difícil imaginar cómo se llevarían a cabo los procesos electorales de 2026-2027, en los que se renovarán gubernaturas, ayuntamientos, congresos locales y el Poder Judicial, lo que podría generar un grave caos electoral en todo el país.