Más de mil trabajadores de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) contarán a partir del entrante mes de agosto, con mejores condiciones laborales y salariales, con la aplicación del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) para equipamiento e instalaciones y la puesta en marcha de un programa de recategorización del personal adscrito a esta dependencia.
Durante un encuentro con trabajadores de la PGJE, el Gobernador de Baja California Sur dijo que es momento de responder a quienes tienen el alto compromiso de velar por la tranquilidad de las y los sudcalifornianos y que por años habían quedado rezagados.
Luego de que fuera presentado un panorama de las condiciones generales, económicas y sociales que guarda la dependencia, el Gobernador adelantó que se trabaja para que quienes laboran bajo el concepto de contrato en la administración estatal que encabeza, cuenten con servicios de salud.
Y desde el mes de agosto, se llevará a cabo un programa de regularización de salarios en el que, por ejemplo, se homologarán ingresos a servicios periciales y los peritos tradicionales, además de mejorar a los de contrato.
Otro acuerdo fue que se habrá de mejorar, también a partir del citado mes, el bono de riesgo para personal operativo y llevar a cabo ajustes salariales para que quienes menos perciben, puedan acceder a prestaciones sociales.
El ejecutivo estatal comentó que la procuración de justicia es una parte importante para esta administración. “Con estos encuentros se aclara que el gobierno va a utilizar el dinero para mejorar a las policías, porque la seguridad es fundamental para la tranquilidad del pueblo”.
El presupuesto del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) en el ejercicio fiscal 2021 fue de 85’180,845 pesos y este 2022, de 97 millones de pesos.