- La iniciativa presentada por el diputado Sergio Polanco Salaices busca ofrecer certeza jurídica al sector inmobiliario y enviar un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes se aprovechen de la buena fe de la ciudadanía
Este martes 26 del presente año, el diputado Sergio Polanco Salaices presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual, planteó se adicione el artículo 241 Bis y se deroguen las fracciones XI, XII y XXIII, al artículo 241 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en materia de fraude inmobiliario.
En la exposición de motivos, el legislador esclareció que, actualmente, el Código Penal del Estado contempla en las fracciones XI, XII y XXIII del artículo 241, diversas hipótesis que se relacionan con la venta fraudulenta de bienes inmuebles, sin embargo se considera que la penalidad prevista para sancionar este tipo de conductas no refleja la gravedad de este tipo de conductas cometidas en el ámbito inmobiliario, razón por la cual, consideró que la pena deba ser más severa, ya que el fraude inmobiliario no solo ocasiona un perjuicio patrimonial a las víctimas, sino que también genera inseguridad jurídica, desalienta la inversión y debilita la confianza ciudadana en las instituciones y genera además problemas relacionados con el correcto desarrollo urbano.
Polanco Salaices añadió que, de igual forma, se considera incluir en este nuevo tipo de fraude inmobiliario, otros tipo de conductas que afectan a la ciudadanía que desean adquirir un bien inmueble, como lo son: los actos de promoción o colocación de publicidad, ofreciendo lotes o fracciones sobre predios de un fraccionamiento no autorizado a sabiendas que estos no cuentan con los permisos o autorizaciones de quienes son autoridades competentes, enganchándolos para que estos compren terrenos irregulares, conducta que se considera debe ser castigada aun y cuando no se concrete propiamente la venta, a fin de disuadir el principio del engaño y que no se aprovechen del desconocimiento de los ciudadanos respeto de la legalidad de los inmuebles que se ofertan.
Concluyó la propuesta legislativa al aseverar que se busca proteger la economía de las familias sudcalifornianas e inmobiliario y enviar un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes se aprovechen de la buena fe de la ciudadanía.