Usuarios del puerto cuestionan las tarifas por el uso de infraestructura federal y exigen transparencia en los criterios para establecer los cobros
CABO SAN LUCAS, BCS.— Bajo el argumento de que los puertos mexicanos son patrimonio de la Nación y no propiedades particulares, usuarios de la infraestructura portuaria de Cabo San Lucas anunciaron una manifestación en el mar para el próximo 19 de octubre, en protesta por los cobros que consideran excesivos por el uso de instalaciones y servicios administrados por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).
Los inconformes señalaron que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 14 de la Ley de Puertos, los bienes portuarios del dominio público federal forman parte del patrimonio nacional, por lo que su administración debe responder al interés público.
Si bien reconocieron que los artículos 60 y 61 de la Ley de Puertos contemplan disposiciones relacionadas con las tarifas por el uso de infraestructura y la prestación de servicios portuarios, sostuvieron que ello no exime a las autoridades de justificar los cobros y transparentar los criterios empleados para establecerlos.
A través de su posicionamiento, cuestionaron las razones detrás de los incrementos en las tarifas y exigieron claridad sobre los beneficios que reciben los usuarios a cambio de los pagos que deben realizar.
“No estamos en contra de pagar por servicios ni del mantenimiento de los puertos. Estamos en contra de los cobros desmedidos y de la falta de claridad sobre su justificación”, expresaron en su planteamiento.
Los usuarios también advirtieron que las tarifas portuarias tienen un impacto económico para quienes trabajan y dependen de las actividades que se desarrollan en el recinto de Cabo San Lucas, por lo que consideraron necesario revisar los criterios con los que se determinan los cobros.
La protesta marítima prevista para el próximo 19 de octubre busca visibilizar el desacuerdo con la política tarifaria y exigir que la administración portuaria ofrezca información clara sobre los costos y la aplicación de los recursos.
Los inconformes insistieron en que ASIPONA, como administradora de bienes nacionales, debe garantizar que sus decisiones se apeguen al interés público y que los cobros por el uso de la infraestructura portuaria estén debidamente sustentados.