BAJA CALIFORNIA.— La empresa de seguridad privada Inteliproof Efficient obtuvo cinco contratos por 17 millones 535 mil pesos con los ayuntamientos de Playas de Rosarito y Tecate entre 2022 y 2025, para suministrar patrullas, uniformes, cámaras corporales y arrendar vehículos destinados a tareas de seguridad.
La información fue documentada por la Unidad de Investigación de Grupo Animal, a partir de registros de contratación pública. Entre los convenios destacan dos adjudicados durante la administración de la entonces alcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, actualmente diputada federal, por un monto conjunto de 10 millones 443 mil pesos. Uno correspondió a cinco patrullas tipo pickup por 7.6 millones de pesos y otro a uniformes policiales por 2.8 millones. El contrato de 2022 está firmado por Brown.
El caso tomó relevancia después de que, el 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) incluyera a Inteliproof Efficient en su lista de sanciones y la vinculara con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien las autoridades estadounidenses señalan como relacionado con una red vinculada al Cártel de Sinaloa.
Además de los municipios, investigaciones de organizaciones civiles y medios de comunicación documentaron contratos de Inteliproof con la Fiscalía General de Baja California. Una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia identificó contratos de la empresa por decenas de millones de pesos entre 2022 y 2025, incluyendo adquisiciones de uniformes y equipo táctico.
En otro caso, la OFAC también incluyó a Wermak Publired, empresa relacionada con Moreno Gómez Santelices, en la misma acción de sanciones. La compañía recibió en 2025 un contrato del Gobierno de Baja California para servicios relacionados con un foro de transformación digital.
Las acusaciones contra las empresas y personas señaladas corresponden a autoridades estadounidenses y forman parte de las sanciones anunciadas por OFAC. La inclusión en la lista de sanciones no equivale, por sí misma, a una sentencia penal en México.
El caso ha puesto bajo escrutinio las contrataciones realizadas por distintas instituciones de Baja California con empresas posteriormente señaladas por autoridades estadounidenses.