La efectiva investigación penal coordinada por parte del agente del Ministerio Público, agentes estatales de investigación y peritos expertos en sus respectivas áreas, fue determinante para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), obtuviera la sentencia condenatoria de 20 años 10 meses de prisión y 2 mil 666 días de multa en contra de Víctor Manuel “N”, mediante procedimiento abreviado, a quien logró acreditar su responsabilidad en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares agravada.
De acuerdo a la Causa Penal J087/ 2022 el 27 de enero del 2022, el ahora sentenciado participó en la desaparición de la joven Valeria Daylín “N”, quien el día de la fecha abordó un taxi en un domicilio ubicado en el kilómetro 4.5 del tramo carretero Cabos San Lucas -San José del Cabo, y no se supo más de su ubicación hasta ser localizarla sin vida, el 8 de julio, en un arroyo, en el camino que conduce al lugar conocido como Zacatitos, en San José del Cabo.
Luego de estos hechos y ante la denuncia interpuesta por familiares de la víctima, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados, iniciaron las investigaciones correspondientes que derivaron en la solicitud y obtención de la Orden de Aprehensión en contra del entonces imputado de 33 años, originario del estado, que se ejecutó el domingo 3 de julio del 2022, en Cabo San Lucas.
Una vez que se sometió al procedimiento abreviado en la audiencia celebrada el jueves 13 de julio del año en curso, en la que el agente del Ministerio Público de la Unidad en mención, presentó los elementos probatorios suficientes y necesarios solicitó la sentencia concedida por el Juez, quien dictó, en contra de Víctor Manuel “N, sentencia privativa de la libertad de 20 años 10 meses, el pago económico de 2 mil 666 días de multa y el pago de terapia psicológica para los padres de la víctima.
Con este resultado contundente, la PGJE refrenda el compromiso de garantizar que quienes cometen delitos en Baja California Sur, paguen penalmente las consecuencias de sus acciones, combatiendo así la impunidad y que se repare el daño de víctimas y ofendidos.