- La resolución de la SCJN busca salvaguardar la libertad de trabajo y derecho de participación efectiva de personas y comunidades indígenas
La XVII Legislatura al Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, integrada por el diputado Martín Escogido Flores, presidente y las diputadas Dalia Collins y Cristina Contreras, secretarias, para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata la obligatoriedad de dar cumplimiento a diversas consideraciones de reforma a la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur.
Lo anterior, en atención al resolutivo de la Acción de Inconstitucionalidad 124/2025, en el que se declara la invalidez de las disposiciones del Artículo 99, fracciones I, en su porción normativa, “modo honesto de vivir”, y II, la cual señala, “Contar con título expedido por instituciones de educación superior legalmente facultada para ello, de cuando menos 5 años anteriores a la fecha de su designación”; toda vez que, dichas normativas incluidas en la ley estatal de comunidades indígenas y afromexicanas, vulneran los derechos de igualdad, no discriminación, seguridad jurídica y acceso a cargos públicos, representan barreras desproporcionadas para la participación efectiva de las personas indígenas y afromexicanas, exclusión injustificada a personas con trayectoria, experiencia y legitimidad comunitaria, en un contexto de desigualdad estructural en el acceso a la educación.
Cabe señalar que el resolutivo emitido por la SCJN, respalda los argumentos de las porciones normativas impugnadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBCS), al vulnerar los principios de legalidad y seguridad, toda vez que el legislador tiene la obligación de establecer requisitos claros, objetivos y verificables para el acceso a los servicios públicos y, sostiene también que los requisitos restringen injustificadamente el derecho al trabajo y acceso a cargos públicos de personas y comunidades Indígenas y Afromexicanas de BCS.