La FGR presume un golpe contra la biodiversidad, pero la pregunta es inevitable: ¿es ésta la prioridad de la justicia en Baja California Sur?
La Paz, B.C.S.– La imagen resulta inevitablemente contrastante. Mientras Baja California Sur enfrenta problemas de desapariciones, homicidios, narcotráfico y delitos de alto impacto, un campesino que transportaba madera de mezquite terminó siendo vinculado a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndose en uno de los casos que la institución presume como parte de su combate a los delitos federales.
Gilberto “N” fue detenido en la carretera Transpeninsular por elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y la Secretaría de Marina cuando transportaba alrededor de cien piezas de madera de mezquite. Posteriormente, un juez federal lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en un delito contra la biodiversidad, al considerar que existen elementos suficientes para continuar la investigación. La propia FGR aclara que el imputado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
Sin embargo, el caso vuelve a abrir un viejo debate sobre las prioridades de la procuración de justicia en México.
Para muchos habitantes del estado, resulta difícil comprender que se despliegue un operativo con corporaciones estatales y federales para detener a un hombre que transportaba madera, mientras continúan pendientes investigaciones relacionadas con delitos mucho más graves que afectan diariamente a miles de familias sudcalifornianas.
La protección de los recursos naturales constituye una obligación del Estado y el aprovechamiento ilegal de especies forestales debe investigarse y sancionarse cuando corresponda. No obstante, la aplicación de la ley también enfrenta un juicio social cuando la ciudadanía percibe que el peso de las instituciones recae con mayor severidad sobre personas de escasos recursos que sobre organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas o personas.
La discusión de fondo no consiste en justificar un posible delito ambiental, sino en cuestionar si existe la misma eficacia institucional para perseguir todas las conductas ilícitas con el mismo nivel de determinación.
Mientras un campesino enfrenta un proceso penal por transportar madera, numerosas víctimas de desaparición, extorsión y violencia siguen esperando respuestas que, en muchos casos, tardan años en llegar.
La justicia también se mide por sus prioridades.