Culiacán, Sinaloa.— El vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE), en medio de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en el que se informó que la licencia entrará en vigor a partir del martes 5 de mayo. Asimismo, se indicó que el funcionario se mantendrá a disposición de las autoridades para atender cualquier requerimiento legal.
“Manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”, señala el documento.
El anuncio se da apenas un día después de que la propia Fiscalía informara que Castro Zaavedra continuaría en funciones, destacando que su remoción no correspondía a otra autoridad, incluido el Congreso del Estado.
El vicefiscal fue uno de los funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos, quienes, según las acusaciones, le habrían entregado sobornos mensuales a cambio de no actuar en su contra y proporcionar información sobre operativos de seguridad.
De acuerdo con dichos señalamientos, Castro Zaavedra habría recibido alrededor de 200 mil pesos mensuales para favorecer a este grupo y dirigir acciones únicamente contra organizaciones rivales.
Cabe recordar que el funcionario asumió previamente el despacho de la Fiscalía tras la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada en agosto de 2024, en medio de controversias relacionadas con la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Posteriormente, tras el proceso de selección, el Congreso del Estado designó como fiscal general a Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien ratificó a Castro Zaavedra como vicefiscal, cargo que ocupaba desde 2021.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado investigaciones formales en su contra, mientras se mantiene la expectativa sobre posibles acciones derivadas de los señalamientos internacionales.